En la medida que la sociedad adquiere mayor conciencia de la crisis del sector público, los sindicatos asumen una retórica social que ni ellos mismos se la pueden creer. Esa retórica es la cabeza en la arena, ya que seguro hay gente inteligente entre la dirigencia sindical, al menos para apreciar que ellos constituyen una buena parte del problema. Lo que llamamos la crisis institucional es en esencia una crisis de la administración pública, improductiva, costosa, al punto de absorber algo cerca del 50% del PIB nacional, que sirve mucho a su burocracia y muy poco a la población. Peor, los costos de la ineficiencia, varios miles de millones de dólares por año, salen del bolsillo de todos, pero especialmente de los sectores más vulnerables y es, sin duda, la principal restricción económica a nuestro desarrollo.
Los trabajadores del sector público y la dirigencia sindical no sólo deben estar conscientes de la magnitud del problema del régimen de privilegio que han construido con tanto éxito – y con la indiferencia de los políticos de turno – sino también de sus implicaciones en el corto plazo. El problema no sólo tiende a agravarse, sino que lo hace a una velocidad creciente y puede constituir en un posible detonante de una catástrofe para todos ellos y para el país.
Ocurrió en España, con una economía más poderosa que la nuestra, y que ahora encara una crisis desarrollada en sólo 4 o 5 años. Costa Rica podría haber cultivado una coyuntura similar, no sólo por el costo de la ineficiencia (varios billones de dólares por año), sino por su efecto de bola de nieve. A título de ejemplo, si la CCSS decretara la congelación de sus sueldos, su planilla aumentaría en unos 27 millones de colones, por incrementos automáticos contenidos en su estructura salarial. Por su parte, la Sra. Ministra de Trabajo nos advierte sobre la gravedad de esta situación para la administración pública en su conjunto, al recordarnos que, aún con los 5000 colones de incremento adoptado para este año, la planilla pública seguiría creciendo hasta en un 148% en ciertas categorías de cargos. El mensaje es muy claro: sin correctivos de fondo, la crisis que ya es desequilibrante de la economía nacional y del Estado, se seguirá alimentando a sí misma y a una velocidad creciente ¿Qué pueden hacer los sindicatos públicos, si hubiera la intención de detener la escalada suicida de privilegios?
Primero, los trabajadores del sector público deberían presionar a la dirigencia sindical para que acabe con su falaz retórica social. Y no es que alguien se la crea, sino que implica una actitud de negación de una realidad que sólo ellos parecen ignorar. Reconocerla como parte del problema es un buen punto de partida para focalizar su atención en cómo contribuir a resolver la crisis.
Segundo, deben legitimar el principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política. No hacerlo es mantener una actitud clasista autodestructiva. La solución de la crisis pasa por la necesidad de adoptar ciertos estándares que sirvan de contención a los privilegios que siempre tenderán a formarse en torno a la administración pública. Nos referimos a niveles salariales, vacaciones, incapacidades, permisos por licencia, principio de autoridad jerárquica, cesantías, edad de retiro, montos de las pensiones, etc.
Tercero, hay que acabar con estímulos perversos que inducen comportamientos contrarios al interés público y al servicio responsable. Se destaca la estabilidad laboral casi absoluta, que genera un régimen de impunidad y de abierta vagancia. También las incapacidades que incrementan los niveles de ingreso y el ausentismo del trabajo o los permisos con goce sueldo para otras actividades remuneradas, como la docencia.
Cuarto, los trabajadores y los dirigentes sindicales requieren de algún estímulo para apoyar una reforma institucional. Muchos de los privilegios constituyen derechos adquiridos y podrían ser negociados para que su condición económica y social no sufra menoscabo. Los sindicatos son parcialmente responsables de las condiciones de crisis que hoy enfrenta el Estado costarricense. Otra parte importante de la crisis es responsabilidad de las jerarquías políticas que no han tenido el carácter para confrontarlas.
Quinto, los sindicatos y el Estado pueden asumir una actitud proactiva para facilitar y agilizar el retiro de personal no esencial o en exceso. Los primeros que deberían dejar el servicio público son quienes ya tienen la edad de retiro y otras condiciones establecidas por el régimen de pensiones. Pero también se pueden ofrecer “paquetes” de beneficios económicos para que otros se acojan a un retiro temprano. Estos “paquetes” tienen un costo, pero generalmente es menor si implica una reducción permanente de la planilla de salarios o si los sustitutos entran en un nuevo régimen sin privilegios especiales.
Sexto, debería ofrecerse una opción atractiva para quienes deseen emigrar al sector privado. Tales opciones generalmente incluyen una remuneración por un período definido (de 6 meses a 1 año) y una capacitación cuyo costo absorbe el Estado para proporcionar nuevas competencias. La participación del sector privado puede ser fundamental para que esas competencias coincidan con sus necesidades laborales.
Estos son ejemplos de acciones que podrían constituir parte de un planteamiento sindical responsable. De nuevo, requiere que el sindicalismo público saque la cabeza de la arena y asuma responsabilidad por modificar los factores estructurales de la crisis institucional. Lo puede hacer protegiendo algunos de los derechos adquiridos y, a la vez, aportando soluciones que eviten un posible descalabro mayor y condiciones laborales para un servicio público que realmente aporte al bienestar de los costarricenses y al desarrollo nacional.
Sin embargo, no podemos ignorar que la crisis se generó en buena parte porque tenemos un modelo de organización pública, que encarga al político tareas tecnocráticas para las cuales no tiene competencia. O, peor, con una motivación en la que domina el compromiso derivado del proceso electoral previo y la percepción de su interés electoral futuro. El país necesita evolucionar a un modelo que distinga la tecnocracia como un proceso distinto del político, administrado por un gerente profesional, cuya percepción de sus necesidades laborales (tecnológicos y de recursos en general) estén determinadas por la necesidad de brindar un servicio de calidad, al menor costo posible, en el marco objetivos institucionales y de estrategias establecidas en el plano político superior. Esperemos que este sea un punto a tratar por los notables designados para plantear una propuesta de cambio institucional.
