El país, el mundo, se encuentra en un largo período de inflexión, posiblemente el mayor que hemos experimentado en la historia de la civilización. Muchos aspectos distinguen el cambio que cobijamos con el término globalización, pero lo más notable es la revolución de las comunicaciones y del conocimiento. Los cambios que las actuales generaciones estén experimentando, gracias a las comunicaciones, requerirían en cualquier otro momento histórico, muchos siglos de evolución. No sorprende entonces, que el ajuste esté acompañado de muchas dudas, rupturas y una buena cuota de irritación; y que veamos todavía muchos ajustes, que impliquen a su vez, desajustes y reacomodos sociales.
No es que los principios se nos hayan caído de pronto. Porque la aspiración que compartimos como país, sigue siendo el bienestar de la población y de manera particular de los sectores más vulnerables, un 35% de la población, si juntamos a quienes se encuentran en pobreza o en sus linderos. El reto es, cómo lograr ese bienestar solidario, sin exclusión, en un mundo abierto, agresivamente competitivo, con una altísima velocidad de cambio, que nos ofrece oportunidades, pero también riesgos. Podría ser que el país haya encontrado el camino de su desarrollo, con el modelo que se ha venido consolidando en años recientes, con una especial participación de gobiernos progresistas.
Sin embargo quedan temas que nos unen y nos dividen; y los principales se podrían explicar más claramente por los conceptos contrapuestos de neoliberalismo y neo-estatismo. Por supuesto esto no explica algunos extremos políticos, de derecha e izquierda, pero sí las posiciones que concentran sustanciales mayorías, en nuestro caso socialcristianos y socialdemócratas. El neoliberalismo no representa una corriente política y tampoco un modelo articulado de desarrollo. Es un descalificativo empleado por quienes siguen resistiendo el cambio y lo han incorporado a su retórica para expresar con fuerza sus confusas posiciones, ilustradas por expresiones de alto contenido emotivo, tales como: la entrega del país al capital extranjero (transnacionales) y el desmantelamiento de los monopolios del Estado, que implica, según ellos, entregar el patrimonio nacional a extranjeros. Se acompañan, además, de rígidas posiciones ideológicas, que resienten, aunque lo manifiestan con alguna timidez, los mercados, el libre comercio y el capital extranjero; y de una defensa a ultranza de los monopolios estatales con sus regímenes de privilegio instalados en la función pública.
Quienes aspiramos a un progresismo más adecuado a las nuevas realidades del entorno global, favorecemos las aperturas que permitan la interacción del Estado moderno con los mercados. Favorecemos un estado fuerte, pero rechazamos la creencia según la cual el estatismo es un valor progresista o socialdemócrata. Menos aún cuando, como en nuestro caso, actúa dentro de un régimen de privilegio, cuyo costo lo pagan los sectores más humildes y constituye una carga económica insostenible, que limita la concreción del estado de bienestar social. En contraposición, las aperturas obligan a las instituciones públicas a un uso más racional de los recursos escasos y a brindar servicios de mejor calidad y oportunidad para el consumidor, que somos todos los costarricenses ¿No es eso lo que persigue el Estado Benefactor?
¿A favor de quién se definirá este conflicto que nos divide? Es posible que el neo-estatismo ya sea posición minoritaria. Las encuestan no favorecen en lo más mínimo a las agrupaciones, como los llamados comités patrióticos, y tampoco a una de las principales agrupaciones que al amparo de la polarización del TLC logró altos niveles de apoyo electoral, pero que hoy sólo representan el 8% del 50% que dice pertenecer a algún partido político.
Más allá de la profundidad real de las diferencias, el tema no se resolverá en el plano de la discusión política. Sí lo hará por la evidencia fáctica que la población palpará en su contacto con nuestras instituciones. Hoy los bancos nacionales controlan el mercado, tienen la mayor solidez y han mejorado sustancialmente sus servicios. Algo similar ocurre con el INS, que mantiene algo cercano al 90% del mercado, pero los costos al público son notablemente más accesibles. La prueba más reciente la proporciona la apertura móvil y la superación de las penosas filas que los costarricenses tenían que hacer para acceder a un teléfono celular, con un solo proveedor y con opciones limitadas. Por supuesto, el ICE tendrá que hacer ajustes, algunos tal vez dolorosos, pero todos a favor del consumidor. La población entiende que hay una crisis institucional y que su principal componente es el Estado y el servicio público.
Así, las posiciones progresistas se encuentran divididas en esos extremos, que hemos tipificado con dos términos ampliamente utilizados en el discurso político, especialmente cuándo queremos dramatizar nuestras posiciones y que ahora quisiéramos sustituirlos por aperturistas y neoestatistas. Las aperturas seguirán produciéndose, por presión del entorno global, que demanda más productividad y competitividad pero, especialmente, para que los vastos recursos públicos sean utilizados, no para alimentar privilegios, sino en beneficio del consumidor, es decir, de las mayorías. La velocidad de las aperturas dependerá de las presiones que se generen por intereses especiales (proteccionismo) o por razones ideológicas. Sin embargo, si el país logra superar la crisis institucional, claramente pública y política, es posible que el país se encamine hacia el desarrollo que todos creemos posible. Las diferencias tenderán a reducirse a un mínimo y un nuevo reagrupamiento político remplazará el archipiélago actual, con numerosas islas y pocos puentes de comunicación.
