Los titulares de prensa destacan hoy la situación de caos financiero de JAPDEVA, provocado por un recurso ante la Sala IV que congela un aumento de tarifas solicitado por esa Institución. Recordemos que esa Institución ha reconocido que un 35% de su personal es innecesario, pero no tiene la capacidad para deshacerse del mismo. En todo caso, la crisis no es nueva y tampoco exclusiva de JAPDEVA; es la misma que enfrenta la CCSS, RECOPE, el ICE, el INS, el Poder Judicial y muchas otras instituciones públicas. Algunas han perdido completamente su razón de ser o podrían ser sustituidas por métodos más económicos y eficaces.
El problema es que cada institución debe hacer esfuerzos por corregir problemas que se originan en fallas estructurales del modelo de organización y gestión de la administración pública en su conjunto. Pueden tener algún éxito relativo, por ejemplo, con las medidas paliativas que viene tomando la Caja para aliviar sus problemas financieros; o el INS mediante la creación de subsidiarias, porque la competencia no aguanta, por ejemplo, 40 días de vacaciones.
En realidad la solución pasa por dos medidas de fondo. La primera la propuso el Dr. Fernando Naranjo en el contexto de la comisión de notables que revisaron la crisis de la CCSS. Esta institución y la mayoría de las organizaciones públicas deben contar con gerentes profesionales. Sólo que la interpretación fue un tanto esquiva y los políticos entendieron que se trataba de los estratos jerárquicos intermedios. En realidad, la recomendación del Dr. Naranjo es más importante aún para los gerentes generales, es decir, el Presidente Ejecutivo. Y la medida podría aplicar para los ministerios de mayor complejidad relativa, por ejemplo, el MEP y el MOP. Si queremos recuperar instituciones que en el pasado aportaron a nuestro desarrollo y, mejor, a la equidad social, hay que dotarlas de gerencias profesionales, estables, con las competencias apropiadas y una visión de desarrollo organizacional de corto, mediano y largo plazo. Y entender que el político, por su propia naturaleza, formación, visión y compromisos legítimos matizados por el factor electoral, no reúne estas condiciones y debería concentrarse en el complejo e importante campo de la política pública.
Lo segundo e igualmente importante, es crear un régimen laboral, que fije una especie de encuadre con condiciones homogéneas, no necesariamente iguales, para todas las instituciones, según lo demanda el principio constitucional de igualdad que establece el artículo 33 de la Constitución Política. Hoy cada institución y cada sindicato compiten por crear el mejor régimen de privilegio posible y al mayor costo posible, que se traduce en mayores beneficios. Lo hace incluso el Poder Judicial, donde reside la responsabilidad por la aplicación del principio constitucional de igualdad. Lo que ha producido un costosísimo aparato estatal, que produce poco y absorbe una cantidad sustancial de recursos, constituidos ya en la principal limitante a los esfuerzos para llevar bienestar a los sectores más vulnerables.
Y la raíz de este problema está directamente asociada con el anterior. Como no existen condicionantes legales que impidan los excesivos privilegios, estos se producen en un entorno de negociación de burro amarado contra tigre suelto. La parte que representa el interés público es frágil, porque el político es generoso con los recursos que no son propios, sus motivaciones están matizadas por compromisos electorales pasados y futuros y sus acciones están condicionadas por un elemento de inseguridad, como lo demuestra el hecho de que en los dos primeros años de la gestión Chinchilla, unos 15 gerentes generales (ministros y presidentes ejecutivos) no se encuentran en los cargos para los cuales fueron originalmente designados. La otra parte negociadora tiene todo el poder de la huelga, legal o ilegal, con su efecto de parálisis nacional del aparato productivo, especialmente cortando las principales vías de transporte de bienes y personas.
Los gobiernos de turno pueden pasar la pelota y esperar que acciones como las que viene tomando la Caja alivien algunos problemas. No pueden esperar que la crisis se resuelva, porque requiere medidas más de fondo, cuya iniciativa de cambio reside en la propia Presidencia de la República y en los otros poderes del Estado. Postergar la reforma institucional en ámbito nacional es mantener las condiciones que impulsan crisis recurrentes. De ahí la importancia de mantener la iniciativa de la Sra. Presidente, en el sentido de convocar a ciudadanos ilustres, competentes y con la visión necesaria para proponer una reforma de amplio alcance nacional. No hacerlo es acercar el país al precipicio. A medida que la crisis crece en magnitud, también se acelera su velocidad. En el corto plazo podríamos estar donde hoy está Grecia. Para muestra dos botones. Si la Caja no concediera ningún aumento en un año cualquiera, de todas maneras tendría que desembolsar unos 27 mil millones de colones para cubrir aumentos fijos incorporados en la estructura laboral. Por otra parte, un artículo de la Sra. Ministra de Trabajo, advierte que, aún con los pírricos 5000 colones de aumento, los sueldos seguirían incrementándose hasta en un 148%. Estos son los disparadores de la crisis que nos pueden llevar donde hoy se encuentran varios países del sur de Europa.
