Es curioso: los ticos somos políticos por naturaleza, como se refleja en nuestra tendencia de discutir todo hasta el cansancio y de tomar posiciones fuertes en temas sociales y económicos. Sin embargo, en muchos sentidos ayudados por los medios, nos atascamos en la crítica interminable, sin objetivos específicos, con una cierta visión fatalista de las cosas e incapacidad para aportar a las soluciones.
También curioso que siendo tan políticos, hoy más de la mitad de los costarricenses conforman lo que llamamos los Desafiliados, personas que dicen estar decepcionadas de los políticos y las políticas. Está detrás de esta actitud la sensación, compartida por la mayor parte de la población, de que nuestro desarrollo se ha detenido, o que no hacemos suficiente para alcanzar niveles de bienestar que creemos posibles y dentro de nuestras capacidades. Hay algunas expresiones objetivas de ello. Desde la década de 1980, la pobreza se ha mantenido estable en un 20%, lo que implica que cerca de un millón de costarricenses carecen de niveles mínimos de dignidad. Además, sabemos que la vulnerabilidad también se produce por la precariedad de quienes se ubican en el umbral de la línea de pobreza de pobreza, en cuyo caso hablamos de un 35% de nuestra población, de 1.5 millones de compatriotas. Ciertamente nuestro desarrollo está lejos de lograr el bienestar de las mayorías.
Los Desafiliados, separados de las estructuras de poder político y por su comportamiento dominante pegado a la crítica, no aportan a las soluciones. Pero tampoco el sistema político, o más bien diríamos el archipiélago político, ya que se trata de una atomización de agrupaciones, comandadas por el PLN, actualmente con el 36% de los que se declaran afiliados (un pobre 18% de la población en edad electoral), y por sus opositores que se reparten alrededor de un 26% de los votantes (un 13% de la población adulta). La dispersión no necesariamente expresa dispersión ideológica. Daniel Oduber decía que el costarricense es socialista, muy a la tica y, en realidad, social cristiano. Esto parece ser cierto y produce una concentración en el centro y en el centro izquierda del espectro político, donde se encuentran los tres principales movimientos políticos (PLN, PAC y PUSC). Sin embargo, en todos ellos hay hoy claras muestras de división interna, sin capacidad para renovarse y tampoco de crear los nexos entre las islas que conforman el archipiélago, es decir, para llegar a acuerdos para enfrentar los problemas nacionales. El fiasco de la llamada alianza por Costa Rica confirma esta situación y nos dice que la crisis de nuestro desarrollo difícilmente llegará sólo por las rutas de los políticos y de la política.
Frente a esta problemática sería beneficioso saber dónde se localiza en forma precisa la crisis institucional que nos tiene atascados y socialmente crispados. Tenemos alguna evidencia de que el sector privado de nuestra economía se encuentra en franca recuperación de la crisis y con capacidad competitiva razonable para actuar en el entorno global. Igualmente sabemos que algunas instituciones públicas responden y complementan esa capacidad competitiva. Evidencia objetiva de ello es la capacidad de nuestros muchachos para participar con éxito en eventos internacionales, confrontando países más ricos y avanzados y logrando ubicarse en los tres primeros lugares. Y esto dice algo positivo sobre nuestra educación y desarrollo tecnológico.
En realidad no hay que buscar mucho. Nuestra crisis se asienta principalmente en un aparato público que cuesta mucho y produce poco, mal y extemporáneo. Lo vemos en la platina; las incapacidades; la colas de Seguro Social; la tarifas crecientes del ICE y de AyA; la capacidad de gestión de RECOPE, según la CGR de sólo un 47%; los excesos de personal en la mayoría de las instituciones, pero reconocidas en el ICE, en la CCSS y en JAPDEVA; los $271 millones de más que tendremos que pagar todos por los atrasos en la concesión de la carretera a San Ramón; los 30 años para construir 80 kms a Caldera y 38 kms a San Carlos; y 10 años para iniciar los 27 kms del tapón de Chilamate. En fin, interminables ejemplos de ineficiencia extrema que denuncia a diario los medios de prensa.
Pero podemos ofrecer otra dimensión de las pérdidas de oportunidad de bienestar y desarrollo que esa problemática representa. En La Fragua hemos considerado, muy conservadoramente, que el costo de la ineficiencia suma unos $4000 millones por año. Cifra contundente, suficiente para cubrir el déficit fiscal y asumir cualquier reto que el desarrollo nos presente sin ayuda externa. Hay otra fuente complementaria de recursos, producto de la naturaleza de nuestros proyectos. Por ejemplo, algunas estimaciones sugieren que podemos construir una ambiciosa red ferroviaria eléctrica nacional, con ahorros que se producirían en compra de energía fósil, con amplio impacto ecológico, que podría alcanzar $1000 millones por año (en 10 años el ahorro de unos $10 mil millones, sería mayor que lo que Panamá invierte en la ampliación de su canal).
Así, por el momento la urgencia, la gran prioridad nacional, es una reforma institucional que elimine ese despilfarro estatal, producto principalmente de un costoso régimen de privilegio que, lamentablemente, crece como bola de nieve y en el corto plazo nos puede llevar a una crisis de la magnitud en que ahora se encuentran Grecia y España. Este último país se encontraba en bonanza en el 2007, con algunos indicadores que superaban a Alemania, la economía más fuerte de la eurozona. 4 o 5 años fue suficiente para producir la actual crisis española por todos conocida.
La reforma institucional seguro será compleja, pero es esencial que afecte los elementos estructurales que alimentan la crisis. Igualmente que reúna condiciones de viabilidad, entre las cuales mencionamos las siguientes: 1) de alguna manera los políticos deben atender la política y ser alejados de la tecnocracia, para la cual no tienen actitud, competencias y motivación; 2) los regímenes de privilegio, que alimentan la ineficiencia y su costo, deben desaparecer, pero no uno por uno, sino con una normativo integral sobre el régimen laboral, en el marco del artículo 33 de la CP; 3) el reconocimiento del agotamiento político, nos debe llevar a un amplio proceso de participación y apoyo civil, que actúe como presión para que el sistema político responda a los requerimientos de la reforma. En este sentido, la iniciativa de la Sra. Presidente para convocar un grupo de ciudadanos probos y competentes, es un paso en la dirección apropiada; y, 4) las reformas deben distinguir cambios urgentes para recuperar, en el muy corto plazo, un nivel razonable de gobernabilidad que, a su vez, genere confianza pública en nuestra capacidad para encarar los grandes retos nacionales. Y los cambios de fondo para afectar los elementos estructurales que impedirán, por un período razonablemente largo, que nuevas crisis aparezcan.
Nuestro país necesita un ordenamiento general. Sin embargo la gran prioridad es atacar nuestro crecimiento y dotar a la población de mejores empleos, oportunidades e ingresos. La vulnerabilidad, más que la pobreza, debe desaparecer a niveles aceptables, posiblemente por debajo del 10%. Ello nos hará recuperar la confianza en la capacidad nacional de respuesta a los grandes retos del desarrollo. Y también en nuestra desmembrada desorganización político, como fuente de fortalecimiento de una democracia con la cual estamos en deuda, porque en el pasado nos ha servido bien.
