Contradicciones de comportamiento: el costarricense con frecuencia actúa en contra de su propio interés y del interés nacional

editorial 150x150 Contradicciones de comportamiento: el costarricense con frecuencia actúa en contra de su propio interés y del interés nacionalEl comportamiento social de nuestra población es en muchos sentidos contradictorio. Con frecuencia carece de objetivos, se mueve en círculos repetitivos con una incapacidad notable de cambiar el disco, o simplemente se revierte contra el interés nacional, sin capacidad para adquirir conciencia de ello y neutralizar el daño provocado. Dos ejemplos ilustran algunas de estas situaciones.

La Ruta 1856 se ha convertido en el gran tema mediático y fuente permanente de crítica. Como el tema ya no da para mucho, los mismos problemas son replanteados o se busca algún asunto de poca monta para inflarlo y generar una reacción emotiva por parte del lector. En la imagen colectiva, creada en buena parte por los medios de comunicación, todo es un chorizo inmenso, nada de lo que se ha hecho sirve y, ahora resulta, que el proyecto que nos llenó de ilusión, mejor abandonarlo. No interesa la respuesta frente a la hostilidad nicaragüense, que alimentemos los reclamos de Ortega y su gobierno o que los abandonados compatriotas de las comunidades fronterizas se integren plenamente a la vida nacional en lo económico, social y político.

Además ha habido excesos notables, como los costos estimados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que se hicieron sin considerar 400 kms de carreteras de conexión y accesos estratégicos y económicos con las comunidades de la zona; o alguna pequeña laguna calificada por un noticiero como inmensa; o árboles que necesariamente hay que cortar para cualquier carretera o, en realidad, para cualquier proyecto constructivo. Nuestra propia crítica apunta a tres hechos fundamentales: el primero es que quienes nos han fallado, por ineficiencia o por corrupción, deben pagar las consecuencias de ello; el segundo, que la Ruta 1856 debe seguir adelante, en un contexto de emergencia, que nos garantice su pronta terminación. No queremos un proyecto como la carretera a Caldera o a San Carlos que nos tomó unos 30 años o el tapón de Chilamate, de sólo 27 kms, cuyo inicio nos ha tomado 10 años; y, tercero, que deberíamos actuar con mayor madurez y discreción, para no alimentar a nuestro principal enemigo: el presidente Ortega y su gobierno.

Pasemos a otra tema. El bienestar de los trabajadores siempre se ha privilegiado como un valor de los movimientos progresistas, particularmente por la socialdemocracia. Sin embargo, la clase trabajadora, como todo lo demás ha venido evolucionando en forma acelerada. La figura del proletariado, originada en la revolución industrial, no aplica a las circunstancias económicas y sociales de la Costa Rica de Hoy. Nuestra revolución social se planteó, en gran medida, como una lucha de mejoramiento del trabajador agrícola de fines de la primera mitad del siglo pasado. A partir de la segunda mitad, se fue conformando la clase media, estimulada por el crecimiento servicio público y diversas formas de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa. En esta segunda mitad, la estructura laboral de nuestra sociedad ha sido dominada por el trabajador de servicios, más educado, diverso y focalizado en su propio bienestar, en contraste con el sector público, más politizado y con afinidades con regímenes de corte autoritario.

El sector público ha conservado buena parte de la agresividad que perdieron los sindicatos del sector industrial, al igual que la retórica de la lucha de clases y, al menos en forma, la lucha por la equidad. Pero es esencialmente retórica. Porque, en realidad, el funcionariado público constituye una clase privilegiada y onerosa, que sobrevive sobre las espaldas de los sectores más vulnerables de nuestro país. La Fragua ha estimado, muy conservadoramente, que el costo de la ineficiencia pública drena unos $4000 millones por año, que el país podría emplear para cubrir el déficit fiscal y además todas las demandas hacia un desarrollo que realmente beneficie a los sectores que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad y que conforman un 35% de la población.

En consecuencia, los privilegiados trabajadores del Poder Judicial, no pueden disfrazar sus conquistas de derechos laborales, como lo dice la Sra. Presidente de la Judicatura en relación con las incapacidades de hasta 6 años, los permisos para docencia con goce de sueldo, los años de servicio que dan derecho a la pensión, los montos de las mismas, o las cesantías. Tampoco los trabajadores docentes, que pretenden paralizar los servicios, en oposición al derecho de la juventud a mejorar su aprendizaje de las matemáticas y con ello su eventual acceso a una remuneración razonable y digna. O los tantos movimientos que realizan el trabajadores del CCSS para retrasar o impedir las reformas que le den un poco de equilibrio financiero a la institución y mejoras en calidad y oportunidad la prestación de servicios.

Señalar posibles errores en estas formas de comportamiento, posiblemente no ayude a superarlos. Pero en esencia lo que necesitamos es dejar que los órganos competentes concluyan sus investigaciones y dicten sentencia; retomar nuestra unidad y confianza para que la Ruta 1856 sea construida con celeridad, no en décadas como ha ocurrido con otros proyectos; reconocer que los privilegios laborales del sector público son una restricción a un desarrollo en equidad; y generar presión civil para que los intereses de los sindicatos públicos no se impongan por la fuerza de la huelga sobre el interés nacional.