El privado de libertad Edgar Valverde Acosta se enteró, “por la prensa”, de la intención de hacerlo comparecer para que diera cuenta, en la Asamblea Legislativa, acerca de las asesorías pagadas por Alcatel y otros extremos, de acuerdo con lo expresado por las diputadas y los diputados de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público.
Con fecha 30 de enero Valverde se dirigió por escrito a la diputada Marielos Alfaro Murillo, Presidenta de esa instancia legislativa, para explicarle a ella -y por su medio a los demás integrantes de la misma- que, en esa precisa fecha, la sentencia correspondiente a su persona se encontraba aún en fase de apelación, razón por la cual –le seguía diciendo a la legisladora- “hemos depositado toda nuestra confianza en los Tribunales de justicia a fin de que se ajuste a derecho lo correspondiente del caso”.
El hecho de que el privado de libertad fuera convocado y su respuesta pueden considerarse como elementos casi accesorios de una intrascendente situación que es típica de las liturgias parlamentarias si no fuera porque, de seguido, adelantaba Valverde que, dado que su reclamo está PENDIENTE, “en caso de ser trasladado ante la Comisión de referencia, voy a ejercer el derecho de abstención que por disposición constitucional me asiste”.
Y añadía por escrito, para reiterar su negativa a comparecer: “Lo anterior me ha motivado para gestionar anticipadamente ante esa Presidencia a fin de que, para evitar traslados innecesarios, a los que subyacen costos importantes, se tome nota de esta manifestación y se desista de la gestión de traslado del suscrito hacia la Asamblea Legislativa. Informada que ha sido mi intención de ejercer el derecho constitucional de abstención que incuestionablemente me asiste, estimo más beneficioso para el país tomar las previsiones del caso y evitar gastos innecesarios”.
Lo obvio de esta decisión que fue comunicada por escrito y ante dos notarios que así lo hicieron constar el 30 de enero, no convenció a las diputadas y los diputados que, más bien, persistieron en su empeño de sentar enfrente a Valverde, a sabiendas ya de que él se había negado a participar en la comparecencia y que también les había adelantado que no iba a rendir declaraciones.
Y sin embargo lo hicieron el pasado jueves 9 de febrero. Para eso el privado de libertad fue sacado de prisión, llevado en una perrera hasta un estacionamiento del Congreso, y trasladado -debidamente esposado y con una nutrida custodia de policías de Adaptación Social y de oficiales de seguridad de la Asamblea- desde ese estacionamiento a través de pasillos y corredores, escaleras y balcones de dos edificios de la Asamblea Legislativa, ante la mirada y las cámaras de Raimundo y todo mundo. Una fotografía publicada en un diario matutino ha dejado constancia de este aparatoso movimiento público.
Como la prensa había sido ampliamente notificada con anterioridad de lo que venía, las fotografías y las grabaciones televisivas abundaron en todo el recorrido que, entre el Edificio del Sión y el edificio principal, llevó a Valverde debidamente esposado a cruzar el Boulevard “Ricardo Jiménez Oreamuno”. ¿Qué diría hoy ante semejante escena y en presencia de lo que vendría luego, el arquitecto principal del sistema de los derechos civiles y políticos vigentes?
Pues bien, siguió su recorrido. Bajó y subió escaleras y, de nuevo ante la parafernalia periodística, al preso y esposado Valverde lo introdujeron en el recinto donde lo esperaba una sesión que ha marcado a ciertas de las tendencias políticas, a esta altura del siglo XXI.
Aquello similaba el corral ante-morten de cualquier matadero municipal, pero en este caso sin contar siquiera con las más mínimas medidas sanitarias. Lo sentaron y detrás suyo lo custodiaron los dos señores de Adaptación Social que permanecieron de pie ante la Presidenta de la Comisión, y frente a las otras legisladoras y los demás diputados.
Y allí ocurrió algo que no fue en modo alguno un interrogatorio. El acta correspondiente debidamente transcrita lo hará constar y lo veremos el jueves de esta semana cuando sea aprobada como documento oficial.
No puede uno dejar de preguntarse acerca de la validez de semejante testimon io prestado por un privado de libertad. Si lo que esperaban diputadas y diputados era obtener prueba testimonial para los propósitos de esta Comisión, lo que manifestara Valverde, en semejantes circunstancias, estaba previamente viciado de absoluta nulidad. Con bien fundada razón se los había hecho saber, por escrito, que no daría declaraciones.
Ocurrió lo que pasó el 30 de enero y ese 9 de febrero. Corresponde ahora, en primer lugar a las representaciones políticas de la Asamblea, tomar nota de lo que se consigne en esa acta legislativa y de los alcances de toda aquella bochornosa jornada. Como testigo presencial puedo dar fe de que aquello le anduvo muy pero muy cerca a una sesión de tortura psicológica.
Los nombres de Caraffa y Torquemada, Ríos Montt y Pinochet, Galileo en el banquillo de la Inquisición o Fray Luis de León obligado a reconocer sus perniciosas traducciones, los purgados de Stalin o los intelectuales en el régimen de Hitler, tienen mucho o muchísimo como antecedente de lo sucedido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el jueves 9 de febrero del 2012. Espero que estas líneas simplemente abunden lo que va a consignar el Acta de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público.
Ahora bien, esto nos lleva a las consecuencias políticas.
Los hechos reseñados de manera muy suscinta tienen por lo menos dos derivaciones. Por la primera, ya que ningún legislador tiene autoridad legal para conducirse con absoluta arbitrariedad para forzar una declaración testimonial, la escena no debe repetirse. ¡Y punto!
Por la segunda, si estamos ante una manifestación expresa de reserva de un testigo mientras se resuelve por la vía judicial una apelación, el poder político debe circunscribirse y hasta constreñirse dentro de las normas de la más elemental solvencia moral que permiten la convivencia política.
Parecieran ser dos obvias derivaciones, al menos para mí.
En lo personal también me permito opinar que se ha producido una errática acción que en el terreno político debe corregirse cuanto antes, con estricto apego a la Constitución y al Reglamento legislativo.
Tienen la palabra la diputada Alfaro Murillo y las diputadas y diputados integrantes de la Comisión en quienes se ha depositado una representación que estoy seguro sabrán hacer valer, mediante el reconocimiento de los hechos y su justa corrección, conforme al mejor criterio político.
Audio Edgar Valverde Acosta Ex gerente de ALCATEL
