La industria alimentaria, representada por CACIA, bajo el objetivo de una política orientada a estimular mejores hábitos alimentarios en la población escolar, generar un mejor equilibrio calórico en los menores durante sus horas de escuela, así como promover un mayor consumo de grupos alimentarios apropiados para una población en crecimiento, ha manifestado su posición acerca del decreto del Ministerio de Educación Pública (MEP) con respecto a las sodas escolares.
Al conocer la disposición inicial del Tribunal Contencioso Administrativo en el que se avala la aplicación del reglamento, sigue llamando la atención ante las entidadescorrespondientes para revisar la redacción del texto del decreto. De igual manera hacen un llamado a trabajar el tema desde una política integral, mediante la cual se ejecuten medidas efectivas que logren incidir positivamente en los indicadores de obesidad, y que involucren al sector salud, el ámbito escolar, el ámbito familiar y comunitario, el ámbito académico, y por supuesto, el ámbito industrial de alimentos y bebidas.
“El cuestionamiento que hemos impulsado no tiene como objetivo central paralizar la política, sino que se corrija el enfoque de una redacción que es capaz de hacer un daño sin precedentes a muchas industrias en el largo plazo, pues este enfoque negativo sobre los alimentos, educa erróneamente a la sociedad al establecer que el origen del problema de obesidad son los productos por sí mismos”, manifestó Mario Montero, Vicepresidente Ejecutivo de CACIA.
Montero agregó que la industria cree mucho más en un abordaje positivo que promueva los grupos alimentarios apropiados que han sido desplazados y mejores hábitos de alimentación y actividad física en la población.
“La industria alimentaria ha demostrado que puede trabajar en mejorar día con día para mejorar las propiedades nutricionales de los productos que elabora.”
El tema de fondo, según CACIA, no es si las industrias están o no dispuestas a procurar el cumplimiento de estándares nutricionales; sino que en este Decreto persisten dos problemas fundamentales que se deben corregir:
1.Una redacción que tipifica listas negras de productos, basados en parámetros que la industria considera necesarios revisar y
2. La carencia de un enfoque integral en la política pública, sin lo cual, la iniciativa del decreto pierde sentido.
“Esta discusión lo que genera es una gran oportunidad para que la política sea ejecutada con un enfoque más acertado”, finalizó Montero.
