La huelga convocada por los sindicatos docentes puede analizarse por sus manifestaciones más superficiales: tuvo éxito porque la convocatoria produjo una concurrencia importante de huelguistas y su origen, un pírrico aumento salarial de 5 mil colones, parece justificarla. Sin embargo, hay un contexto mayor que debería ser analizado: la situación real de los salarios de funcionariado público; los métodos empleados por los trabajadores y sindicatos para mantenerlos en su nivel o ampliarlos; y las circunstancias que explica la situación en que nos encontramos.
Se ha sabido desde hace varios años, que los niveles salariales públicos superaban en un 100% los de sus contrapartes en el sector privado, esto antes de la conclusión del anterior gobierno, que en la parte final de su gestión los elevó en un 112%. Además sabemos que el profesional que labora en el sector público (un 70%), tiene una serie de pluses que incrementan su remuneración en un 69%. Pero esto no es todo. Muchas jornadas de trabajo en las organizaciones públicas apenas llegan a las 36 horas semanales; las incapacidades del sector públicos superan sustancialmente las del sector privado y en muchas instituciones se retribuyen con el 100% del salario. La productividad es baja en el sector público; los resultados cuestionables y lentos; los costos muy elevados por lentitud de las obras o porque su calidad es mala y hay que repetirlos, como en el caso de la platina y del puente sobre el río Sucio, cuyos arreglos se los llevó el primer aguacero. Los ejemplos abundan y la prensa los expone un día sí y otro también. Por supuesto, no todo es culpa del trabajador, sino de los estímulos perversos, como el de las incapacidades, que crea la opción corrupta de no trabajar sin perder los beneficios salariales.
Es importante dimensionar del impacto del régimen salarial público -agravado por los excesos de personal reconocidos oficialmente- en el desarrollo del país y en el bienestar de un 35% de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Las cifras antes mencionadas implican que, si el Estado pagara sueldos competitivos con el sector privado, podría ahorrarse entre un 70% y un 80% del rubro total de sueldos públicos. Y este es un monto que se mide en miles de millones de dólares.
Esta actitud de obtener lo máximo y dar lo menos, ha ido conformando, en algunos sectores y entre sindicatos, un patrón de comportamiento, reflejado con claridad en la huelga de ayer. Por una parte, los docentes han recibido en los últimos 5 años incrementos sustanciales y mayores que los de cualquier otro profesional en el servicio público. La huelga fue anunciada desde hace varias semanas y se dijo que no se haría durante las vacaciones, sino hasta que se iniciaran las clases. Y mientras se realiza, se registran 6500 docentes incapacitados. Agréguese a esto que el país pasa por una situación excepcional, de crisis fiscal, que puede tener efectos drásticos en el bienestar de todos los costarricenses y que el incremento del 5% será sufragado con deuda, porque simplemente no hay recursos públicos para pagarlo. Todo lo cual aporta a un entorno, obra irresponsable de políticos, que condiciona la eficacia de la huelga y la falta de un sentido de responsabilidad por parte del funcionario público y de los gobiernos de turno.
Podemos ahondar un poco más en las causas institucionales de este estado de cosas. Primero, se impuso una corriente de defensa de los derechos del trabajador público en perjuicio de las mayorías vulnerables (pobres y familias en el umbral de la pobreza), creando un régimen laboral que se alimenta de los recursos estatales, en perjuicio del servicio a la sociedad. Segundo, la paralización generalizada y el costo para la población (con riesgo extremo a la salud y a la vida, como la huelga de anestesiólogos) le da gran fortaleza a las pretensiones sindicales, sin importar su racionalidad y justicia. Tercero, hay un entorno negativo para la toma de decisiones responsables: los políticos están de paso por la administración pública (13 ministros o presidentes ejecutivos no están hoy en las funciones para las cuales fueron nombrados en la presente administración), sus acciones son impulsadas por cálculo político partidario, condicionadas por un complejo sistema de leyes y normas duplicitarias y a menudo contradictorias; y es, personal y patrimonialmente, responsable por ellas. En otras palabras, el jerarca tiene importantes estímulos para evadir decisiones que impliquen riesgo político, personal y patrimonial.
En suma, la huelga es una manifestación de la institucionalidad que hemos creado y de los estímulos que ella genera hacia formas de comportamiento que nos llevan la crisis confrontamos, la que nos puede llevar donde hoy se encuentra Grecia. Es un problema institucional con una dimensión humana. De nuevo, nuestro mayor problema es la pobreza, pero agregando la población que se encuentra en vulnerabilidad, lo que suma un millón y medio de compatriotas, porque las circunstancias económicas internas y externas ponen en riesgo inminente su precario bienestar (empleo, ingresos y sus consecuencias familiares). La vía por la que transitamos, caracterizada por el privilegio y despilfarro, es contraria a las aspiraciones que todos decimos compartir, de un desarrollo solidario y equitativo. El país está urgido de reformas coyunturales que nos den niveles de gobernabilidad aceptables en el corto plazo; y cambios más de fondo para la sustentabilidad de nuestra debilitada institucionalidad.
