Plan de reforma fiscal – por Alicia Fournier Vargas, Diputada

En el marco de la discusión de la reforma tributaria que nos ha propuesto el Poder Ejecutivo y al que tantas horas le hemos dedicado minucioso estudio en la Asamblea Legislativa, quiero expresar una serie de reflexiones que no puedo omitir ante este Plenario.
La oposición ha rechazado ad-portas la iniciativa del gobierno y ha dedicado cientos de horas a la demagogia y desinformación. Los opositores a la reforma tributaria confunden a la opinión pública de este país y por ello es que se hacen necesarias múltiples aclaraciones.
En este ánimo es que quiero compartir con ustedes varios de los principales principios y fundamentos que justifican y dan coherencia a la propuesta del Ejecutivo.
Pero antes de ello, no quiero dejar pasar por alto algo importante y es el recordarles que en este mismo Plenario, Liberación Nacional apoyó y dio la lucha por la aprobación de la reforma tributaria que presento en esos años el Presidente Abel Pacheco.
Hoy el mismo partido que sostuvo el proyecto de la Administración Pacheco con el apoyo de Liberación, se opone y obstaculiza la aprobación de un proyecto que no es objeto circunstancial de un gobierno determinado, sino que una tarea pendiente de resolver a nivel de un Estado responsable y visionario.
En este esquema de ideas, es que quiero retomar varias de las explicaciones que nos ha proporcionado el gobierno y que tenemos que repetir una y otra vez para desvirtuar la campaña de satanización de los opositores al saneamiento fiscal y al progreso del país.
Esta reforma fiscal nace de una situación de las finanzas públicas que ha llevado a la Administración Chinchilla a plantearse la necesidad de pedir a los ciudadanos, especialmente a los que más recursos tienen, que nos unamos en un esfuerzo conjunto por mejorar la forma en cómo se financian los programas que consideramos prioritarios y que benefician a las personas que menos tienen.
El gasto público del país se ha dedicado a través de nuestra historia a priorizar por encima de muchas otras áreas de la administración pública a la educación, la salud y a la seguridad, espíritu que aun mantenemos y que nos ha permitido alcanzar índices de calidad de vida de país desarrollado.
A raíz de esto, el Gobierno requiere un monto significativo de recursos para satisfacer las necesidades de la población en los bienes que los costarricenses determinamos como fundamentales. Sin embargo, el país no ha cumplido con el suministro  del dinero suficiente para que estas prioridades se desarrollen de la mejor forma posible.
Ante este panorama, el Gobierno de manera responsable y en cumplimiento de sus deberes y potestades propuso una reforma que tiene como ejes principales mejorar las leyes que nos permiten recaudar y regular los impuestos.
En concreto la propuesta consiste en que estos, sean más equitativos y justos, más simples para cobrarlos  y que por medio de ellos se recaude de la mejor forma la mayor cantidad de dinero.
La reforma tributaria que nos convoca se centra en el problema de las finanzas públicas que tiene el gobierno central: este  debe proveer una cantidad significativa de servicios públicos, que requerimos  y demandamos los costarricenses.
Tradicionalmente cuando se ha decidido aumentar el gasto legalmente en rubros como educación, programas sociales, o seguridad ciudadana, no se discute cómo se va a pagar ese gasto adicional.
La situación internacional ha incidido de manera significativa en este déficit, a pesar de que durante los años previos a las crisis mundial del 2009, Costa Rica logró un crecimiento económico de su producción, que le permitió al país reducir la deuda como porcentaje de la producción y mejorar las finanzas del Gobierno.
Sin embargo, la crisis económica del 2009, hizo que se redujeran los ingresos por concepto de impuestos y obligó a aumentar el gasto para combatir el desempleo y para luchar contra la pobreza. La Administración Arias, a la cual le correspondió enfrentar esta coyuntura hizo importantes y necesarios ajustes en los salarios del sector público, de la mano con otras medidas para evitar que muchas familias costarricenses se vieran afectadas por los problemas económicos de nuestro socio del norte.
Por ejemplo entre el 2008 y el 2011,  se realizaron aumentos del salario base de los maestros (de ¢391.336 a ¢571.772) y  de los profesionales del Servicio Civil (de ¢342.200 a ¢574.700). A las mejoras salariales, se unió la contratación de más de 3200 policías civiles y penitenciarios y de casi 3000 docentes.
Programas sociales orientados a la educación, fundamentales en el desarrollo una Costa Rica más justa, no sufrieron consecuencias de la crisis que les limitara en el cumplimiento de los objetivos de su consitución.  FONABE y FODESAF llegaron a 211 mil estudiantes mientras que el Programa Avancemos ayudó a 185 mil estudiantes, durante ese difícil periodo.
De igual forma, las universidades públicas fueron beneficiadas con el incremento de sus recursos pasando de ¢160.000 millones en el 2008 a ¢252.094.2 millones en el 2011.
La administración Chinchilla Miranda ha implementado una serie de acciones de mejora para recaudar  impuestos y mejorar la lucha contra la evasión y fraude fiscal. También se han tomado medidas para desacelerar la tasa de crecimiento del gasto público. Por medio de proyectos de cooperación en materia tributaria, el impulso a los impuestos a las sociedades jurídicas, las labores realizadas por la Dirección General de Tributación y el recorte de gastos en las instituciones públicas.
Sin embargo, los esfuerzos en estas áreas también incluyen el proyecto de Solidaridad Tributaria, para mitigar o reducir el augurado déficit fiscal del gobierno central de 5,5% del PIB. La propuesta de reforma propone dotar al Gobierno de ingresos frescos.
Al mismo tiempo,  las administraciones tributarias y aduaneras están implementando planes para mejorar la recaudación en 0,25% del PIB anualmente en los siguientes 4 años (1% del PIB acumulado al 2014) y reducir el crecimiento del gasto.
El país está desplegando un esfuerzo integral, tanto en materia de mejoras en cobro de los impuestos, como ahorros de gasto, pero fundamentalmente en mejorar el sistema tributario e implementar una reforma tributaria solidaria.
La responsabilidad de la Administración Chinchilla se ha concentrado en explicar mejor la necesidad de una reforma tributaria y hacer un planteamiento serio y completo de lo que se necesita para que el sistema tributario sea más justo, más ordenado y simple, capaz de generar los recursos necesarios para sostener el gasto público que la población demanda, por medio de la Política de Sostenibilidad Fiscal; cuyo objetivo central es garantizar el financiamiento de los rubros prioritarios y al mismo tiempo avanzar hacia el equilibrio de las finanzas públicas y busca garantizar la estabilidad de la economía.
Siempre haciendo de la responsabilidad el criterio fundamental que orienta el manejo del gasto que debe ser suficiente para atender las necesidades del país, pero mantenerse dentro de límites que permitan salvaguardar la capacidad financiera real del gobierno y no seguir creciendo al ritmo en que lo hizo en los últimos años.
A nadie le gusta pagar impuestos y a nadie le gusta que los impuestos suban. Pero como dije antes, no es posible tener buenos servicios públicos con amplia cobertura, si no pagamos por ellos. Decir que el Gobierno puede sanear las finanzas públicas con sólo  controlar mejor la evasión y recortando gastos innecesarios, no es cierto, en el tanto estos son ajustes menores que no se pueden realizar con decisiones en los ministerios, porque el problema fiscal es de tal magnitud que estas decisiones requieren cambios a las leyes tributarias.
Tenemos que entender que el gasto del gobierno es muy difícil de cambiar, porque tiene obligaciones que no se pueden dejar de pagar. Por ejemplo, el pago de la deuda pública representa 34% del total, los salarios y las pensiones son el 40% y las transferencias a otras instituciones públicas como las universidades y el Poder Judicial, representan un 17%. Todo esto suma un 91% de gasto que no se puede eliminar o cambiar, lo que deja tan solo un 9% de margen de maniobra para hacer inversiones en obras públicas y para comprar los bienes y servicios que el Gobierno ocupa para funcionar.
Las opciones para reducir el gasto significativamente en el corto plazo son mínimas, y todas tienen el problema de que tienen un altísimo impacto sobre programas que los costarricenses decidimos que deberían de llevarse a cabo.
Por ejemplo, para reducir el gasto de manera equivalente a la reforma tributaria, se tendría que despedir aproximadamente 39,000 trabajadores del sector público, o reducir drásticamente los salarios de los empleados de este sector, lo cual es ilegal en Costa Rica, o darle sólo el 4.5% del PIB a educación. Ambas opciones tendrían consecuencias sociales gravísimas.
Ya el gobierno ha metido los frenos al incremento del gasto público: entre el 2010 y el 2011 esa tasa de crecimiento se redujo de 24% a 13%, y habrán reducciones adicionales en 2012 y 2013.
La contención del gasto sin efectos sociales devastadores solo se puede lograr en el mediano plazo. Es necesario contener su tasa de crecimiento, pero siempre salvaguardando servicios públicos, programas sociales, pensiones con cargo al presupuesto nacional, educación y la seguridad ciudadana, así como el de la inversión  pública, permitiendo que los salarios de los funcionarios del gobierno central sigan siendo adecuados y competitivos.
El Gobierno sacó la tarea de escuchar los planteamientos realizados por todos los sectores y grupos del país, y se abocó a plantear los cambios que mejoraran la propuesta, sin perder de vista los objetivos iniciales planteados de hacer que los impuestos fueran más solidarios, más simples y que permitieran recaudar más recursos para pagar los programas públicos.
Como lo señalé en este Plenario hace algunos meses, desde la socialdemocracia nos vemos cada día más comprometidos a dar todos nuestros esfuerzos en aras de un buen gobierno, para un buen país.
Pero, sin la concurrencia de todas las fuerzas políticas, es muy difícil acercarnos al buscado bien común.
El papel de la oposición es fundamental en la democracia, la representación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad tienen que hacerse oír y la Asamblea Legislativa es el principal espacio. Espacio político, que además de servir de foro de discusión y crítica, debe servir de espacio para la construcción del país anhelado.
A pesar de ello, en ocasiones se ven nubarrones oscuros, traducidos en la obstaculización y en la búsqueda de la parálisis legislativa. En la actual Asamblea Legislativa las agendas son muy variadas y el acuerdo es un ejercicio cotidiano. Esto no es nada nuevo, por ello quienes valoramos los valores democráticos confiamos en la madurez política de los líderes partidistas y en su claridad, para poder diferenciar la relevancia o no de los temas nacionales.
Obviamente la ciudadanía sabe valorar el actuar de dirigentes y Diputados y sabe que también forman parte del escenario, sectores que nieguen la propia esencia de la construcción democrática y se rijan por intereses mediáticos y personalistas sin un norte claro y mucho menos constructivo.
También ya he dicho aquí que, la falta a la verdad y el doble discurso, herramienta vital del obstruccionismo, traba los normales mecanismos de la tramitología legislativa, privilegiando el atraso y dificultando egoístamente, la gestión gubernamental.
La opinión pública sabe muy bien quienes hacen lo imposible para que el gobierno no pueda cumplir sus metas. Hay quienes piensan que un mal Gobierno les puede favorecer electoralmente, pero ello es inmoral, mezquino y antipatriota, que no es ni más ni menos, lo que el Ministerio de Hacienda nos ha querido decir de múltiples formas.
Nunca debemos olvidar que la ciudadanía tiene esperanzas en nosotros y que nos observa y valora. No debemos olvidar que nuestras acciones en conjunto reflejan la imagen de la Asamblea Legislativa y que en nuestra calidad de representantes del pueblo, le debemos a él respeto, seriedad, dedicación y compromiso.
En gran parte de lo que hagamos bien o mal, dependerán las posibilidades de enrumbarnos hacia un futuro mejor, dando los pasos correctos y acertados hacia los riesgos que nos plantean los retos y desafíos del Siglo XXI.
Reitero una vez más, que antes de defender posiciones partidistas, debemos actuar en beneficio del país, por el bien de cada uno de sus habitantes, sin ningún distingo y eso es lo que la mayoría de quienes estamos en este recinto parlamentario seguiremos haciendo a pesar de las adversidades circunstanciales, de manera firme y honesta.