Agotamiento del modelo de gestión pública: el Poder Judicial

Sin tener un criterio para ponerle un valor cuantitativo, es posible que exista algo cercano al consenso en cuanto al agotamiento de nuestro modelo institucional. La Asamblea Legislativa se ubicó, en reciente encuentra, en los últimos 2 o 3 lugares entre las peor valoradas por la opinión pública. El poder ejecutivo, con mayor exposición mediática, revela sus deficiencias un día sí y otro también. Algunas son incluso pintorescas, como una inversión de medio millón de dólares y tres meses de trabajo, que se la llevó un aguacero (puente Río Sucio). El poder judicial tiene sus mecanismos de protección, por ejemplo, que no es sujeto del control y exposición de sus pares, pero no escapa a la crítica.

Ciertamente, el control judicial de la administración pública emana de la misma Constitución y abre un portillo para judicializar todo proceso público. El principio general es el equilibrio entre la autoridad del estado y la libertad individual. Sin embargo, el equilibrio se ha perdido en una judicialización desbocada que ha producido la peor maraña legal imaginable, que se ha revertido en contra de la funcionalidad del Estado; y en contra del individuo y la sociedad en sus derechos. Más allá de las consideraciones legales, hoy enfrentamos un Estado de muy alto costo (aproximadamente el 44% del PIB), con muy pocos beneficios en términos de bienestar colectivo.

La Sala IV preside la crítica al poder judicial. Para muchos, está jugando de Dios, ejerciendo sus potestades en cualquier campo del conocimiento y por encima del conocimiento experto propiamente. Les dice a los cirujanos cuáles cirugías hacer y cuáles no; a los farmacólogos cuáles medicamentos usar y cuáles no; y toma sus decisiones con un fuerte sentido de protección del derecho individual, pero igualmente fuerte desprotección del derecho colectivo. Parece que el poder de alguna manera resulta atractivo a sus miembros, a juzgar por su apertura con algunos recursos aceptados. Nadie se explica cómo, por ejemplo, fue aceptado el recurso contra la Carretera de la Dignidad, a lo largo del rio San Juan. Es posible, además, que haya pasado el umbral de la división de poderes, con sus decisiones que permiten o impiden la aprobación de ciertas leyes. En general, entre procedimiento y contenido, el primero es privilegiado, posiblemente porque su carácter normativo facilita la decisión.

En una declaración dada en un programa de Radio Monumental, el magistrado don Román Solís destacó que nuestro país cuenta con la tasa de jueces más alta del continente. Lo cual sugiere que, al menos comparativamente, andamos muy bien en cuanto a la cantidad de jueces. No así en cuanto a la calidad. Y eso a pesar de que el poder judicial tiene su propia escuela y que la cooperación técnica y financiera, a diferencia de otros campos del desarrollo, es generosa en el campo de la justicia. Pero los resultados no son auspiciosos. Es notable que 162 abogados no lograran ganar una prueba reciente para participar en un curso para jueces. Según el magistrado Aguirre, “eso demuestra que la Corte está captando un recurso humano que no tiene una buena formación universitaria”.

Esto lo percibe la población. Percibe que los jueces son laxos en la aplicación de las leyes, tratándose de delincuentes y criminales que ponen en riesgo su seguridad en las calles o en sus hogares. Ellos andan libres, mientras el resto de la población se encuentra en rejas, reza una expresión popular que refleja su valoración de la judicatura. También percibe que hay jueces emocionalmente comprometidos con ciertos temas, a los cuales hay que evitar o seleccionar, dependiendo del interés particular. Lo que implica una perversión de la visión que el ciudadano empieza a tener de la justicia, porque traslada su confianza del estado de derecho, a la forma como ciertos jueces toman sus decisiones. Algo similar ocurre con la selección del bufete o los abogados que los representan. Estos tienen sus preferencias, por alguna forma de afinidad que se va construyendo a partir de la relación personal. Hay una clara sensación de que, de alguna forma, nuestro sistema de justicia se ha contaminado de nuestro sistema político y de que la seguridad jurídica es una de sus víctimas.

Las voces a favor de reformas se están haciendo oír cada vez más. Conocidos analistas y  políticos han escrito recientemente sobre los efectos de la ingobernabilidad que nos envuelve e inmoviliza. Es una crisis generalizada, pero es especialmente peligrosa la crisis de confiabilidad. El tico ya perdió confianza en su institucionalidad, aunque es justo reconocer que, al menos en el contexto regional, todavía conserva algún respeto por el poder judicial. Sin embargo, hay también una creciente preocupación por evidentes deficiencias y la convicción de que, para rescatar lo bueno que tenemos y llevarlo al prestigio que alguna vez tuvo, también la institucionalidad judicial requiere reformas urgentes. Esperemos que los señores magistrados reaccionen a tiempo.