La junta directiva tiene la responsabilidad de escoger al nuevo titular de la ACP. Sectores políticos no descartan que el Gobierno busque influir, destacó La Prensa, de Panamá. El 4 de septiembre de 2012, después de 16 años de gestión, se vence por ley el mandato de Alberto Alemán Zubieta como administrador de la Autoridad de Canal de Panamá (ACP). Elegir al reemplazo es responsabilidad única de la junta directiva de la ACP, cuyos miembros han sido designados por los últimos tres presidentes que han gobernado Panamá (Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli). Este último ha nombrado a tres y por ley el ministro de Asuntos del Canal tiene derecho a voz. Además, la Asamblea Nacional reemplazó en este período a su representante en la directiva.
La Ley Orgánica de la ACP estipula que “el administrador será nombrado por un período de siete años y podrá ser reelegido por un período adicional”. Si bien de conformidad con el título constitucional, es a la junta directiva a la que compete designar al administrador de la ACP, no es un secreto que en ese proceso el Presidente de la República ejerce una gran influencia. Hay que recordar que por ley el administrador de la ACP requiere del respaldo de ocho de los once miembros de la directiva para su nombramiento. Dado que la actual administración ha tenido que ver con la designación de cinco de los once directivos, el balance lo podrían dar los seis directivos nombrados durante las administraciones de Mireya Moscoso y Martín Torrijos.
Mitchell Doens, secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que espera que así como los presidentes que han antecedido al actual han permitido la autonomía de la directiva, Martinelli debe deje actuar a este entidad con plena libertad a la hora de elegir al sucesor de Alemán Zubieta. El secretario general del Partido Panameñista, Alcibiades Vásquez, consideró que Panamá no puede permitir que la política se inmiscuya en la designación del nuevo administrador del Canal. “Mal pueden los políticos designar a un administrador que tenga nombre y apellido de un partido político. De ser así, sería un mal mensaje a lo interno y a lo externo del país”.
