CRISIS DE LA CCSS: pasar del problema a las soluciones

Editorial7 300x146 CRISIS DE LA CCSS: pasar del problema a las solucionesPensamos que la seguridad social y la educación constituyen los principales pilares de nuestro Estado solidario. Es nuestro deber, como país, proteger y profundizar los avances realizados en estos sectores, porque ellos son los responsables de las diferencias de nuestro desarrollo con respecto a otros países de la región. Por supuesto, entender los problemas es un punto de partida importante para tomar decisiones correctivas de lo que se ha llamado, a nuestro juicio erróneamente, la crisis financiera de la CCSS. Y es obvio que el periodismo que se practica hoy en el país no ayuda a este entendimiento, como se refleja de un titular que cubre fácil el 80% de portada de un medio, con espectaculares y visibles símbolos al rojo vivo.

Con este tipo de comunicación social resulta difícil lograr el respaldo público que las medidas correctivas requerirán, en las que estarán en juego los intereses de distintos sectores, con un amplio potencial conflictivo. Se hace necesario educar a la población y darle mayores elementos de juicio sobre lo que está en juego. Sin perjuicio de la necesidad de medidas coyunturales, para evitar que la crisis se profundice y mañana tenga un costo mayor, es necesario que la población conozca sus fundamentos. Y nos parece que hay suficientes fundamentos para lograrlo. Veamos tres dimensiones del problema.

Primero, la anunciada huelga apunta a uno de los problemas fundamentales. El aparato público ha servido más para beneficio de su burocracia que del usuario de sus servicios. Las manifestaciones de los líderes sindicales son clara evidencia de ello. Quieren más personal, más beneficios, más recursos; y ello no tiene nada que ver con la naturaleza del problema, ni con las posibilidades económicas de la CCSS y del país. Los privilegios logrados, a costa de los recursos que todos pagamos, son contrarios al interés de una mejor calidad y, sobre todo, oportunidad de prestación de servicios.

En un segundo plano ponemos el sistema de gestión de la Caja y sus recursos. Se ha manejado con mucha superficialidad y con un alto componente de irresponsabilidad política. Evidentemente, una institución como la Caja necesita de una gerencia con continuidad, al menos de mediano plazo e independencia del sistema político, que lo contamina y lo pone a disposición de intereses especiales, contrarios a sus fines sociales. La Caja y otras instituciones no deberían danzar al ritmo de presiones de político-electorales de una gestión de 4 años calendario y tal vez de menos de 3 años del calendario político. Bajo esta realidad, estamos determinando estilos de gestión cortoplacistas, inadecuados a las necesidades de largo plazo de la Caja y conflictivos con sus requerimientos de desarrollo orgánico.

Tercero, el país tiene que valorar el modelo de prestación de servicios que requiere para la situación actual. Sólo una vez hecho esto, podrá determinar el tipo de organización que necesitamos y la función que la Caja debe cumplir. En este sentido, es necesario reconocer la nueva realidad de la situación de salud del país, en gran medida determinada por una creciente urbanización y por el envejecimiento de la población. Pero ello no demanda necesariamente más hospitales y más atención clínica. Un principio fundamental mantiene su validez: la promoción de la salud (modelo social) es más rentable socialmente que la recuperación de la enfermedad (modelo clínico). Este es el principio esencial de la atención primaria. Y no se trata de temas técnicos, sino de relaciones lógicas, con amplias implicaciones prácticas y económicas. Una lógica que la población no tiene dificultad en entender, porque la vive a diario.

La gente entiende que hoy el riesgo a morir está estrechamente ligado con los accidentes y con la criminalidad. Igualmente entiende que nuestra población ha envejecido y que ello plantea nuevas demandas en salud. Pero su entendimiento seguro abarca la atención de estos problemas. Entiende que, en el primer caso, las soluciones están en el entorno físico, constituido por el estado de nuestras carreteras, señalización, hábitos de manejo, estado de la flota vehicular, vías peatonales, etc. Y por la exclusión social y la relativa impunidad de la conducta criminal que nuestro sistema judicial propicia. En el segundo caso, por estilos de vida y mucha prevención, ambos de bajo costo.

Sigue, de este razonamiento, que tenemos un sistema de fuerte dominio clínico que crece bajo extrañas circunstancias, porque, según parece, la oferta de servicios no se ha incrementado, aunque sí sus costos. Es evidente, por tanto, que no hay correspondencia entre necesidades y las respuestas a esas necesidades.  Y que si las mantenemos, necesitaremos siempre más recursos, mientras los problemas se mantienen o empeoran.

La solución conceptual existe y es conocida. La llamábamos estrategia de atención primaria en salud. Y lo que hace es facilitar una relación de coherencia entre el problema y la solución. Si el problema se encuentra en el entorno (por ejemplo, red vial y de comunicaciones) y en la promoción de estilos de vida saludables, es posible actuar antes de que los problemas de la salud se manifiesten y así reducir la presión sobre el componente clínico, que tiene una relación de beneficio social y costo desfavorable. Y que concentra una mayor cantidad de conflictos originados en intereses particulares.

El país tendrá que tomar algunas soluciones dolorosas y complejas. No las podrá llevar a cabo sin un respaldo popular y político amplio. Y encontrará en ello la natural oposición de distintos grupos de interés, internos y externos a la CCSS. Sin embardo hoy hay dos cosas claras: la seguridad social se encuentra en serio riesgo de sobrevivencia y se requieren medidas coyunturales y de fondo para llevarla a un estado de equilibrio. Mantener el curso actual no es opción. Es necesario un giro de timón en sus sistemas de gestión y en el modelo de salud que la Caja y el país propicia. Está en juego no es sólo una institución, sino de las bases mismas de nuestro Estado solidario. Este el mensaje que el Gobierno debe estructurar para construir una base pública de apoyo que le permita asumir este importante reto.